Cuando hablamos de China, siempre nos vienen a la mente algunas de sus principales características, como lo son su elevado nivel de población, su marcada tradición cultural o su emergente y cada vez más sólida economía. Sin embargo, al margen de estas peculiaridades, en algunas ocasiones las medidas llevadas a cabo por su gobierno se han calificado como extremas, especialmente cuando nos referimos a materias relacionadas con los derechos, la privacidad y la libertad de expresión.
Uno de los aspectos más curiosos del gigante asiático es su sistema de videovigilancia 24 horas, a través del cual el gobierno vigila a toda la población en tiempo real. Más de 20 millones de cámaras equipadas con inteligencia artificial supervisan y controlan a toda la ciudadanía, y el gobierno ha implementado un software que permite identificar a sus ciudadanos incluso cuando se encuentran a una distancia de 50 metros y su rostro no es visible.
Sin embargo, este sistema de videovigilancia va mucho más allá, puesto que de él emana un “sistema de crédito social” conocido como Zhima Credit. A través de este sistema, el gobierno evalúa a sus ciudadanos, asignando puntuaciones en función de su crédito social, financiero, político y legal, y castiga aquellas conductas que no cumplan con las reglas estipuladas.
Sin embargo, este sistema de videovigilancia va mucho más allá, puesto que de él emana un “sistema de crédito social” conocido como Zhima Credit.
En la actualidad, ya hay más de 17 millones de ciudadanos chinos incluidos en la denominada “lista negra” del gobierno, los cuales tienen grandes complicaciones a la hora de obtener ayudas o créditos bancarios y tienen totalmente restringido el acceso a aviones y a trenes (sin importar que tengan la necesidad de abandonar el país por una emergencia o por motivos laborales). Esta restricción tiene una duración de un año, y, una vez transcurrido ese período, el gobierno valorará si decide anular esta prohibición o ampliarla un año más.
A pesar de que los ciudadanos chinos parecen estar conformes con estas medidas, algunas ONG’s sin ánimo de lucro como ‘Human Rights Watch’ han considerado estas prácticas totalmente intrusivas, puesto que consideran que limitan considerablemente los derechos de las personas. No obstante, organismos de todo el mundo reconocen que la implantación de este sistema conlleva ciertas ventajas, como por ejemplo la rápida detección y captación de criminales gracias a la tecnología de reconocimiento facial.
Es evidente que este tipo de medidas siempre conllevan cierta polémica, puesto que aspectos como la privacidad y los derechos humanos tienden a ser un foco de controversia. En la actualidad, debido a la denominada Era de Internet, la generación de datos es continua y cada vez existe más preocupación por parte de la población sobre el uso que se le da a esos datos y los problemas que pueden derivar de este conflicto.
